Con el final de la guerra, la cuestión foral se convirtió en objeto de discusión en el Parlamento español. La Ley del 21 de julio de 1876 estableció la obligación vasca de contribuir, fiscal y militarmente, como el resto de regiones españolas. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y las diputaciones vascas llevó a que, en 1877, Cánovas del Castillo ordenara la disolución de las instituciones forales. De este modo, se cerraba la etapa foral.

Durante la Restauración, el Cuerpo de Miñones continuó ejerciendo sus funciones, si bien éstas fueron adquiriendo un componente cada vez más administrativo. Entre ellas figuraban, por ejemplo, la persecución del fraude fiscal y el cobro de las contribuciones adeudadas por los municipios.

Al tratarse de unas actividades que no requerían mucho personal y teniendo en cuenta los crónicos problemas provinciales de financiación, la plantilla se mantuvo en torno a los veinte o treinta efectivos. Por su parte, la Guardia Civil fue la principal encargada de los asuntos de orden público si bien, en diversas ocasiones, contó con la participación del Cuerpo de Miñones.

Ya entrado el siglo XX, los miñones constituían un cuerpo policial centrado principalmente en funciones recaudatorias y administrativas. En 1930 se produjo una reorganización del cuerpo en tres secciones. La primera estaba integrada por miñones recaudadores de impuestos, la segunda por miñones-camineros y la tercera por miñones-forestales. En total, 190 hombres con los que se cubrían los principales servicios del cuerpo, es decir, recaudación de impuestos, persecución del contrabando, realización de padrones y estadísticas e investigación patrimonial.