En una época medieval de violencia y conflictos, las Ordenanzas de Hermandad venían a ser una especie de código penal ya que tipificaban las penas para los diversos delitos o “casos de Hermandad”. El alcalde de Hermandad era el encargado de ejercer justicia, en primera instancia, sobre “casos de Hermandad” tan dispares como robos, incendios, crímenes o allanamientos de morada. En segunda instancia se encontraba la figura del diputado general quién, además de representar a la Corona, convocar las Juntas de Hermandad y ser el comandante en jefe de las tropas reclutadas en la provincia, dictaba sentencias concernientes a la Hermandad que sólo podían apelarse ante el Rey o su Consejo.

Para un eficaz cumplimiento de sus funciones, cada alcalde de Hermandad disponía de uno o dos hombres armados que recibían el nombre de “cuadrilleros”. Esta denominación proviene del término “cuadrillas”, esto es, las comarcas en las que se dividía la provincia y que agrupaban a las distintas hermandades locales. Las principales funciones de los cuadrilleros fueron la persecución de malhechores y el mantenimiento del orden público en toda Álava pudiendo contar, en caso necesario, con la ayuda de población civil armada. Nos encontramos ante el antecedente del Cuerpo de Miñones y, al igual que éste, su número de efectivos variaría en función de las circunstancias del momento y de los recursos económicos disponibles.