A finales del siglo XVIII, la población alavesa apenas superaba los 70.000 habitantes. La economía era predominantemente agraria y había una sociedad estamental, sometida a fuertes tensiones y caracterizada por la desigualdad y la marginación social. La pobreza generalizada entre amplias capas de la población alavesa llevó a muchas personas a ejercer la mendicidad o a cometer delitos como, por ejemplo, la caza furtiva, la tala ilegal de madera, el contrabando y el bandidaje. Frente a ese conjunto de prácticas, desde el poder público se dictaron leyes represivas, se llenaron hospicios y cárceles y se recurrió a cuerpos armados para prevenir y erradicar el crimen.

Frente al Ejército, tradicional instrumento para el mantenimiento del orden, las fuerzas armadas financiadas por los diversos territorios peninsulares demostraron una mayor eficacia. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a los miñones bizkainos y aragoneses, a los miqueletes gipuzkoanos y valencianos, a los Mossos de Escuadra catalanes y, por supuesto, a los Cuadrilleros alaveses que, más tarde, pasarían a ser llamados los “Miñones de Álava”.